LIMA (AP) — El secretario adjunto de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos de Estados Unidos, Todd Robinson, dijo el martes en Lima que la aprobación de un acuerdo para interceptar narcoavionetas depende del Congreso de Perú.
“Según tengo entendido, está en manos del Congreso peruano, que tiene que aprobarlo”, dijo Robinson a The Associated Press, en referencia a la iniciativa para la interceptación aérea de avionetas del narcotráfico que ingresan a diario a la Amazonía peruana para sacar droga a países vecinos que firmaron los gobiernos de Estados Unidos y de Perú el 24 de agosto del año pasado.
Dio las declaraciones casi al finalizar su visita a Perú donde se reunió con el ministro del Interior Víctor Torres y jefes policiales antidrogas, además de visitar El Callao, el principal puerto peruano del Pacífico. Según autoridades, desde esa zona portuaria sale parte de los cargamentos de droga destinadas a Europa o Estados Unidos.
El acuerdo mencionaba la interceptación no letal de aeronaves sospechosas del narcotráfico, lo que implica que no se disparará a las avionetas que se detecten en el espacio aéreo peruano, sino que una nave rastreadora les persuadirá de que aterricen o de que abandonen el territorio peruano.
Para que el acuerdo se ponga en ejecución se necesita la aprobación del Parlamento peruano, lo cual no ha ocurrido hasta la fecha. “Es otra forma en la que estamos trabajando de una manera diferente, tal vez, de lo que hemos hecho en el pasado”, dijo.
Según los últimos datos disponibles provenientes del Ministerio de Defensa, entre enero y julio de 2023, ingresaron a Perú unas 700 avionetas sospechosas del narcotráfico que luego salieron rumbo al exterior.
En otro programa conjunto, ejecutado entre 1995 y 2001, Perú y Estados Unidos derribaron 14 avionetas que buscaban enviar pasta lavada de cocaína hacia Colombia, según un reporte de la CIA de 2008 que fue desclasificado en 2010. Ese acuerdo fue cancelado por Estados Unidos en 2001 cuando se derribó por error una avioneta, la número 15 del programa conjunto, que llevaba a cinco evangélicos estadounidenses.
Dos murieron: la misionera Verónica Bowers y su hija pequeña.
Robinson también conversó en Perú con las autoridades sobre un proyecto de 3,3 millones de dólares para capacitar a la policía que trabaja en zonas de los Andes y de la Amazonía, donde se ha reportado la existencia de laboratorios clandestinos de fabricación de cocaína y pistas de aterrizaje de narcoavionetas.
En agosto, el primer ministro peruano, Alberto Otárola, reconoció un aumento “exponencial” del narcotráfico en casi la última década. Usando cifras oficiales, Otárola dijo que las áreas de la Amazonía donde se siembra la hoja de coca, el ingrediente clave para fabricar la cocaína, sumaron 95.008 hectáreas en 2022 y crecieron un 135% desde 2015.
Otárola —quien fue jefe antidrogas entre 2014 y 2016— calculó que en Perú la producción potencial de cocaína alcanza alrededor de 800 toneladas por año. No obstante, las incautaciones de droga apenas superan el 10% de la producción potencial, según estadísticas oficiales.
Tras su estancia en Perú, el secretario adjunto de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley visitará Ecuador entre el miércoles y viernes para profundizar el apoyo de Estados Unidos “para contrarrestar los recientes niveles estremecedores de violencia por parte de elementos narcocriminales” en ese país, según una nota de prensa del Departamento de Estado.
Perú es uno de los principales productores mundiales de cocaína, según la agencia antidrogas estadunidense DEA, y el segundo cultivador global de hoja de coca después de Colombia, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
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